“¿El Perú realmente protege su megadiversidad?: El lado oscuro de la injusticia ambiental en el Perú”
Redacción: Blgo. Marco A. Risco Huiman
Fecha de publicación: .
Quizá no todo ciudadano peruano sabe que vivir en Perú es, en esencia, vivir en uno de los países más megadiversos del mundo y por lo tanto amerita obligatoriamente que tenga un respaldo político nacional e internacional muy sólido a través de la creación de normas enfocadas al cuidado sostenible de sus recursos naturales y biodiversidad.
Cuando se habla de normas o leyes que rigen dentro de un país, creo que es necesario que se evalúe como referencia principal a su constitución política, la cual debe velar por el bienestar de todos sus ciudadanos y su territorio en general.
Para entrar al punto central de este artículo me gustaría empezar haciéndolos reflexionar con una pregunta: ¿Existe una verdadera conciencia ambiental y ecológica en el Perú? Quizá después de cuestionarnos un poco, rápidamente podemos encontrar una respuesta basada en las noticias del día a día: deforestación en la Amazonía, derrames de petróleo en nuestro mar y ríos, minería ilegal, incendios forestales, contaminación atmosférica en las urbes, pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats, tráfico de fauna silvestre, atentados contra comunidades nativas que cuidan sus bosques, en conclusión, una larga lista de problemas que parece no tener fin.
Quizá suene un poco irónico después de haber descrito gran parte de los problemas en el ámbito ecológico y ambiental que sufre el Perú en la actualidad, pero no quiero ser totalmente pesimista, porque aún he visto no sé si rezagos o inicios de una fuerza de voluntad por cuidar de lo nuestro, que espero sinceramente no muera en el tiempo. Gracias a que he podido viajar por diferentes partes del Perú es que he conocido a gente muy talentosa trabajando con un gran compromiso por conservar nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales en la costa, sierra y selva, y es por estas personas que puedo decir que aún guardo esperanza por ver a un país mejor y más conciente.
Volviendo a la pregunta anterior, ¿existe una verdadera conciencia ambiental en el Perú?, si es que existiera, ¿qué ha hecho o hace el estado peruano por mantenerla firme y mejorarla? Revisemos a detalle qué es lo que establece la constitución peruana respecto a los temas ambientales y ecológicos.
Hasta el 2025, el Perú está legislado por la constitución política promulgada en 1993. Dentro del título III de la constitución denominado “Del Régimen Económico”, se encuentra el capítulo II titulado “Del Ambiente y los Recursos Naturales”, donde se albergan 4 artículos que expresan lo siguiente:
1. Artículo 66: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
2. Artículo 67: El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
3. Artículo 68: El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
4. Artículo 69: El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
Es evidente que se habla muy poco en la constitución peruana acerca de los temas ambientales y ecológicos comparado a otros temas de política nacional. Estas secciones se deben renovar con urgencia, ya que el tema ambiental y ecológico es parte de nuestro bienestar como ciudadanos, no solo para esta generación sino también para todas las que vienen. Además, los atentados que puedan ocurrir contra el ambiente y la biodiversidad deben ser sancionados como un delito anticonstitucional porque se está atentando contra la vida de las personas y su entorno natural que les brinda recursos para vivir y que usualmente por el desconocimiento por parte de las autoridades que establecen las leyes se cree que los sistemas ecológicos y ambientales no tienen valor.
Cuestionando al artículo 69 que afirma que el estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía bajo una legislación adecuada, ¿será esto cierto? Contrastemos lo que dice la constitución con algunas de las noticias del día a día.
Según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, entre el 2001 y el 2019, se han perdido aproximadamente 2 millones 433 mil 314 ha de la superficie total (78,305,540 ha) del bosque húmedo amazónico en Perú, lo cual representa el 3.1% del total de bosque húmedo amazónico, perdido en tan solo 19 años. Estos tipos de eventos destructivos han ocurrido incluso con la política nacional del ambiente en vigencia desde el 2009. Entonces, las leyes solo se promulgan para que queden registrados en el papel y ¿nada más?, porque es evidente que no están funcionando ni se está castigando a los responsables de tales daños ecológicos.
El 15 de enero del 2022 ocurrió el mayor derrame de petróleo en el mar peruano. El responsable de dicha tragedia fue la empresa española Repsol, quien derramó en las costas del distrito de Ventanilla cerca de 11 mil barrilles de crudo generando nefastos impactos en la economía de los pescadores artesanales locales y ocasionando devastadores impactos ambientales en diversas playas de Lima extendiéndose a diversas zonas reservadas como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón, generando múltiples muertes de fauna silvestre.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), multó a la empresa Repsol con más de 22 millones de soles, las cuales hasta la actualidad no han sido canceladas en su totalidad por la empresa española, la cual continúa sus funciones como si nada hubiera pasado. Por otro lado, en un reporte realizado el 7 de noviembre del 2023 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de Lázaro Walther Fajardo Vargas (Director general de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos), se remarcó que el Perú no cuenta con una unidad exclusivamente dedicada a la remediación de pasivos ambientales para el subsector de hidrocarburos y que no cuenta con experiencias exitosas en remediación ambiental de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué se realiza explotación de petróleo si no se cuenta con ningún plan de contingencia y prevención de desastres ambientales?, esto demuestra la incapacidad de nuestras autoridades para prevenir problemas que pueden afectar gravemente a los ciudadanos peruanos; las causas de esto, ¿desinterés?, ¿corrupción?, ¿lobby? o ¿simple ignorancia? Pero como el Perú es un país que sufre de amnesia social ya que siempre se olvida de sus tragedias, es muy probable que estos sucesos sigan ocurriendo sin llegar a ninguna solución.
La abundancia de recursos naturales en Perú al parecer es un arma de doble filo que nos ha lastimado profundamente desde hace muchos años. Uno de los más oscuros sucesos ocurrió en la conocida “fiebre del caucho” que se desarrolló entre los años 1880 y 1914, produciendo enormes impactos sociales en la Amazonía Peruana y llevando a la aniquilación de muchas etnias amazónicas. El Perú nunca debe olvidar el nombre del genocida Julio César Arana del Águila quien fundó la Peruvian Amazon Company para explotar el caucho, utilizando a los nativos de la zona y sometiéndoles a violentos maltratos y abusos.
En 1909, Walter Hardenburg publicó un artículo titulado “El paraíso del diablo”, donde se reporta los tipos de abusos que sufrían los nativos de la Amazonía dentro de la casa Arana:
“Los pacíficos indios eran obligados a trabajar en la recolección de caucho sin pago, sin comida y desnudos; sus mujeres eran robadas, violadas y asesinadas; los indios eran azotados hasta dejar sus huesos al descubierto cuando no conseguían traer suficiente caucho o intentaban escapar, eran abandonados a su suerte con las heridas supurando gusanos, y sus cuerpos eran utilizados como alimento para los perros de los agentes; la flagelación de hombres, mujeres y niños era la menor de las torturas empleadas; los indios eran mutilados en el cepo, cortados en pedazos con machetes, crucificados cabeza abajo, con sus extremidades cercenadas se practicaba tiro al blanco como diversión, y eran empapados en petróleo y quemados vivos, tanto hombres como mujeres.”
A pesar de haber cometido estos crímenes, el estado peruano le brindó su respaldo a Arana para impulsar el mercado del caucho a nivel internacional y aparentemente defender territorios en la frontera con Colombia e incluso logró convertirse en senador por el departamento de Loreto durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Sí, el mundo debe conocer que esto ha sido y es el Perú desde hace siglos, hundido en el fango profundo de la corrupción y destinado a navegar sin rumbo en el mar del olvido, con políticos que ingresan al gobierno por sus intereses personales y sin ninguna visión de cambio social, aprobando leyes que usualmente favorecen a las altas esferas empresariales que dominan el país, aquellas esferas que piensan que el desarrollo solo se mueve en base al PBI, sí, esto es el Perú.
Lo que afirma la constitución en sus 4 artículos antes mencionados, escritos a regañadientes me atrevería a decir, es claramente una burla descarada a todas las generaciones que sufrieron abusos y es por supuesto la evidencia de que no existe respeto a las comunidades que han intentado vivir en armonía con la naturaleza. La pregunta es: ¿qué tipos de payasos escriben documentos como la actual constitución?, ¿estamos dispuestos a seguir soportando los abusos que por años se han venido cometiendo?, ¿estamos dispuestos a soportar comentarios absurdos como el de nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego que afirma que los metales no contaminan el agua ni el suelo?, ¿cómo es que dejamos llegar al poder a este tipo de autoridades?, ¿será esto el reflejo de nuestra sociedad actual?, ¿cuál es nuestro futuro como país?
El futuro del Perú depende de sus decisiones de hoy. La biodiversidad peruana es un tesoro, pero sin leyes firmes y una verdadera conciencia ambiental, seguiremos repitiendo los mismos errores. ¿Estamos dispuestos a cambiar?, porque el cambio anhelado necesita de acción colectiva de los sectores académicos, políticos y sociales. Creo que es hora de hacer una reforma de la constitución para incluir sanciones más duras contra los delitos ambientales, se debe fortalecer la fiscalización con equipos humanos muy capacitados que exigan transparencia a las empresas y autoridades, e involucrar a científicos y comunidades indígenas en la toma de decisiones.